El área total afectada , dice Upanic, asciende a 5,550 manzanas (13,600 acres ), que incluye granjas para agricultura , ganadería, vivienda, silvicultura, entre otros
Según el conteo de la organización, el 32.5% de las áreas afectadas por las tomatierras son mayores de 100 manzanas; 22.58% son de 50 a 99 manzanas; y 46.16% son tierras menos de 50 manzanas.
El problema está en siete departamentos, pero Chinandega es el más afectado, de acuerdo con las quejas que ha recibido Upanic.
Del área total, el 43% de los acaparamientos de tierras se encuentran en Chinandega; 25% en Managua; 11% en Rivas; 7% en Estelí; 7% en Matagalpa; y 3% en Granada.
Las áreas agrícolas representan el 43% del área total afectada ; la tierra ganadera representa el 44%; vivienda, 7%; bosque 5%, y otros, como industrial y minería, 1%.
"Estas acciones ilegítimas son llevadas a cabo por personas fuertemente armadas , privando a sus legítimos dueños de la posesión mediante violencia y maltrato, que usurpa el dominio privado y viola el derecho a la propiedad, reconocido en la Constitución Política de Nicaragua", dijo Upanic en un comunicado .
Entre el 10 y el 11 de junio, alrededor de 1.000 personas invadieron la propiedad de 32 bloques de tierra conocida como La Ceiba, en el sector Las Joyas, en Estelí.
Ulises Herrera, uno de los propietarios de La Ceiba, de la familia Herrera Molina, dijo que "esta gente se ha apoderado de nuestra tierra y la ha dividido".
Los tomatierras lo tomaron todo. "El segundo día de la incautación, destruyeron un almacén de tabaco que estaba en la propiedad, valorado en miles de dólares", dijo Herrera.
Los afectados dijeron que acudieron a las autoridades en Estelí, entre ellos el alcalde, Francisco Ramón Valenzuela, quien hizo pública una declaración en la que dijo que "la alcaldía no tiene ninguna responsabilidad en el acaparamiento de tierras y que el alcalde llama al tomatierras para no continuar invadiendo propiedades ".
Sin embargo, el alcalde Valenzuela luego instó a los propietarios de las propiedades afectadas a que intenten persuadir a los tomatierras por su cuenta y desalojarlos por la fuerza, de ser necesario, según Herrera.
"Se han tomado varias propiedades (en Estelí). El nuestro es el más grande. Y nada ha sido hecho. Ahora nadie asume la responsabilidad. Ni la Alcaldía, ni la Procuraduría, ni la Policía, ni el Ejército , ni el Poder Judicial ", dijo.
La propiedad de La Ceiba ha estado históricamente dedicada a la plantación de tabaco. Según Ulises Herrera, fue propiedad de su abuelo y ha sido transmitido de generación en generación. Hoy, la familia Herrera Molina lo tiene legalmente. Durante algunos años, con el desarrollo de Estelí, la familia decidió dividir la tierra, porque "prácticamente la propiedad está en el área urbana".
Otra propiedad tomada en su totalidad y violentamente es la hacienda Hato Grande, en Villanueva, en Chinandega.
Arsenia Aguilar, nieta del dueño de la granja, dijo que en la mañana del 11 de junio, "unos 200 hombres armados irrumpieron en Hato Grande".
Le dijeron a sus dueños que tenían seis horas para salir y sacar el ganado de la propiedad. "Fueron sacados de inmediato. Mi abuela es diabética, depende de la insulina y no se le permitió tomar su medicamento. Mis abuelos terminaron refugiándose en la casa de un amigo de la familia, cerca de la granja ", dijo Aguilar.
La finca, con más de 700 manzanas de tierra, está dedicada a la producción de ganado y granos básicos .
Al igual que en Estelí, las autoridades de Villanueva y Chinandega incitaron a los propietarios de Hato Grande a desalojar a las personas que se hicieron cargo de la finca por su propia cuenta.
Según los afectados por las tomatierras y los japoneses, existe un temor latente entre los propietarios de todo el país.
Las apropiaciones de tierras han sido calificadas por el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) (Consejo Superior de la Empresa Privada) como acciones dirigidas dentro del contexto de crisis sociopolítica que vive el país.
"Estos grupos continúan actuando con completa impunidad y ahora también es evidente que están siendo utilizados (por el gobierno) para intimidar y reprimir directamente al sector privado mediante la dirección y organización de adquisiciones e invasiones de tierras fuera de la Constitución y las leyes, violando y usurpando el derecho a la propiedad privada con la satisfacción del Gobierno y las autoridades policiales del país, lo que nos lleva a observar con gran preocupación las formas de confiscación de facto en nuestro país ", denunció el Cosep en un comunicado.
Asimismo, el tema ha sido expuesto en sus informes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).