Los medios de comunicación y su insistencia en las exoneraciones fiscales

Los intereses particulares de los medios de comunicación últimamente han provocado un enfoque sesgado a la información que brindan y me vor a referir específicamente al tema de las exoneraciones fiscales, pues es uno de los tópicos que más le chima el zapato a los directivos de estas empresas.



Las exoneraciones deben ser, y esa es la concepción ideal que se tiene en teoría, una forma de beneficiar a ciertos sectores para fomentar la inversión en nuestro país. El sector turismo es el que más ha gozado de este beneficio y es el que más ingresos ha generado de manera globalizada al país. Los medios de comunicación, quienes gozan de una pequeña tajada de este pastel, ven con desagrado la erradicación de las exoneraciones fiscales pues lastima de manera directa sus ingresos.



Según estudios realizados por el economista José Luis Medal, las exoneraciones a los medios de comunicación no llegan al 1% de las exoneraciones fiscales totales, las cuales ascienden a 5 mil millones de córdobas.



Pero el tema no es el monto de las exoneraciones, sino la posibilidad de eliminarlas por completo y que todos los empresarios jueguen bajo las mismas reglas. El respaldo a ciertos sectores de inversión debe realizarse mediante otros mecanismos (asistencia, cooperación, etc) pero no con impacto directo en la economía del estado. El mismo Medal explica que las exoneraciones fiscales cubrirían el déficit fiscal del Presupuesto General de la República.



El tema de las exoneraciones a los medios no debe ser un particular en este gigantesco pastel. La medida debe ser generalizada y orientada al bienestar de la población en general y no al malestar particular de algunos pocos.



El gobierno debe salvaguardar los intereses de los nicaragüenses, pero debe hacerlo acusando de manera pareja a propios y extraños, sin andar con preferencias particulares. Debe entonces, aligerar el pago, por ejemplo, de los un mil millones de córdobas que adeuda la banca privada al Estado por el incumplimiento del pago de Impuesto sobre la Renta de 1993 al 2003.



Hay que medir a todos con la misma vara. Ese es quizás el meollo del asunto.





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